Las operadoras no respetan el derecho de desistimiento

Los responsables del estudio explican que las compañías se valen de una "ambigüedad legal".
Los responsables del estudio explican que las compañías se valen de una «ambigüedad legal».

22/01/2015.- La Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios recoge el derecho de desistimiento, según el cual, los consumidores puede devolver un bien comprado o cancelar un servicio contratado dentro de los 14 días posteriores a su contratación sin tener que justificar su decisión y sin que ello traiga consigo una penalización de ningún tipo. Pues bien, este es el derecho que no respetan las compañías telefónicas que ofrecen servicios de banda ancha fija (ADSL o fibra).

Así lo recoge Kelisto.es en un estudio que muestra cómo las operadoras cobran, de media, 157 euros a aquellos usuarios que deciden cancelar su solicitud de cambio de compañía. En el peor de los casos, las penalizaciones pueden llegar a los 240 euros.

Se han tenido en cuenta las 5 principales operadoras de Internet en España: Movistar, Vodafone, Orange, Ono y Jazztel; siendo ésta última y la firma británica las que más ‘castigan’ a los indecisos con penalizaciones que van de los 90 hasta los 240 euros.

En el caso de Vodafone, la compañía se justifica explicando que si la cancelación del ADSL «se produce durante el periodo de provisión, se cobran 150 euros, puesto que el compromiso adquirido con Vodafone comienza en el momento de la venta, esto es, a la firma del contrato». Si se trata de fibra óptica, 90 euros si el usuario se arrepiente antes de que se haga la instalación y 240 euros si es después de la misma pero antes de la activación del servicio.

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La explicación que dan las compañías suele ser, a grandes rasgos, la misma: cancelar una portabilidad conlleva una serie de gastos que han de ser asumidos por el usuario.

Según los responsables del estudio, las operadoras se amparan «en la ambigüedad legal existente», y avisan de que, en caso de encontrarse en esa situación (teniendo siempre claro el plazo legal de 14 días), los usuarios deben realizar una reclamación por escrito: primero, por la vía ‘amistosa’ y a través del servicio de atención al cliente de la propia operadora, y si eso no funciona, acudir a la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones, dependiente del Ministerio de Industria.

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