El establecimiento de llamada, también en el punto de mira

CEACCU denuncia a Movistar, Vodafone y Orange por pactar el precio de los SMS

Las grandes operadoras, acusadas ante la CNC de ponerse de acuerdo a la hora de fijar algunas tarifas.

Ceaccu denuncia a Movistar, Vodafone y Orange por pactar el precio de los SMS

CEACCU denuncia a Movistar, Vodafone y Orange por pactar el precio de los SMS

06/07/2009.- La Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU), ha presentado una denuncia ante la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), contra movistar, Vodafone y Orange, según ha anunciado la propia organización en nota de prensa. ¿El motivo? Un posible acuerdo a la hora de fijar un precio unitario para los SMS.

Según esta organización de consumidores, no existen razones objetivas para que estas operadoras coincidan en fijar la misma tarifa de 15 céntimos para el envío de mensajes y menos aún cuando existe una limitación en la UE que establece un importe máximo en itinerancia de 11 céntimos por SMS.

A través de la denuncia, CEACCU pide a la CNC que investigue estos hechos, «por si pudieran suponer una infracción de las obligaciones vigentes en materia de competencia y en perjuicio de los legítimos intereses de los consumidores y usuarios, adoptando en su caso las medidas procedentes«.

También podrían haber pactado el coste del establecimiento de llamada
Si las compañías se hubieran puesto de acuerdo para fijar tarifas, esto podría suponer la conformación de un cártel entre las principales operadoras de telefonía móvil, lo que iría en perjuicio de los consumidores.

Pero es que, además del precio unitario de los SMS, CEACCU afirma que ocurre algo parecido con el establecimiento de llamada, que la mayoría de las operadoras establece en 15 céntimos (a excepción de la Tarifa movilonia.com VIP by Pepephone y el el plan de precios de Eroski Móvil para los que hablan poco).

En cuanto a la sanción que podría caerles a estas operadoras, la confederación indica que se trata de una infracción muy grave, con una multa que podría suponer hasta el 10% del volumen de negocio total de las empresas infractoras en el ejercicio inmediatamente anterior a la imposición de la sanción.

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