28/11/2006.- Los tres operadores móviles que ofrecen servicio en España con instalaciones propias (Movistar, Orange y Vodafone) han decidido unirse para plantar cara al afán recaudatorio del Ministerio de Industria y algunos ayuntamientos.
Las consistorios de algunos municipios, en gran parte catalanes, han comenzado a cobrar una tasa a los operadores por aprovechamiento del dominio público. Esta tasa consiste en el 1,5% de los ingresos brutos, lo que supone un desembolso anual de 270 millones de euros.
En la última reforma de la Ley de Haciendas Locales de 2003, las operadoras alcanzaron un acuerdo por el cual se les liberaba de este gravamen, ya que sus instalaciones (antenas y estaciones base) no ocupaban dominio público, sino privado (azoteas de los edificios). A cambio, a las compañías se les subió el impuesto sobre actividades económicas (IAE) un 840%, de donde los ayuntamientos sacaron provecho.
Parece ser, según han denunciado las operadoras, algunos municipios han roto el pacto y están aprobando ordenanzas específicas con el fin de cobrarles la tasa del 1,5%. Este hecho supone un fraude de ley, según las propias compañías. Por ello, han unido sus fuerzas y no sólo rechazarán la liquidación de esta tasa, sino que recurrirán judicialmente las ordenanzas municipales.
