17/09/2014.- ¿Ha defraudado Ono a Hacienda? El Ministerio de Montoro está investigando un presunto fraude masivo y por eso le abrió un expediente el pasado mes de junio. Sin embargo, algunos de los principales directivos de la cableoperadora ocultaron deliberadamente estas circunstancias a Vodafone, actuales dueños de Ono, que en aquel momento estaba tramitando esta adquisición.
Ante el escándalo (el fraude podría alcanzar los 60 millones de euros, a los que habría que añadir la correspondiente sanción económica), Vodafone ha actuado contratando a la consultora Deloitte para que lleve a cabo una investigación y también a uno de los bufetes de agobados más prestigiosos del mundo: DLA Piper.
Y no son las únicas medidas que ha adoptado Vodafone. Según publica El Confidencial, la multinacional británica ha bloqueado los sustanciosos bonus que se había comprometido a pagar a cuatro de los directivos de Ono:
- Presidente. José María Castellano tenía previsto recibir unos 25 millones de euros. Por el momento ha renunciado a ellos a la espera de que las investigaciones demuestren que no estaba al tanto del presunto fraude cometido por la empresa que presidía ni tampoco de la notificación de Hacienda.
- Consejera delegada. Rosalía Portela también esperaba unos ingresos similares a los de Castellano: 25 millones de euros. En su momento pactó continuar en la nueva compañía durante 1 año para ayudar a la integración de Ono en Vodafone, pero abandonó la empresa el pasado 1 de septiembre. Deloitte le ha requisado un ordenador portátil para investigar si estaba al tanto de estas operaciones.
- Director financiero. El premio para Carlos Sagasta también era abultado, aunque menor que el de los anteriores: 15 millones de euros.
- Responsable de negocio residencial. Guillermo Mercader causó baja en Ono en el verano de 2013. A pesar de ello su bonus ascendía a 3 millones de euros.
Además de estos directivos, la consultora encargada de la investigación por parte de Vodafone también está revisando los equipos informáticos de otros cuatro empleados que eran los que gestionaban las empresas desde las que Ono cometía presuntamente los fraudes y que quedaban fuera de las auditorías. Tres de ellos ya no trabajan para Vodafone, ya que solicitaron la baja voluntaria mientras se producía la compra de la compañía.