De este modo, las tarjetas dejarán de ser anónimas y la Policía podrá conocer la identidad de su titular para una investigación, detención o enjuiciamiento de delitos.
Eso sí, las fuerzas de seguridad del Estado no tendrán acceso al contenido de la comunicación, para lo que se requerirá una autorización judicial.
Adoptar estas medidas le supondrá a las compañías un desembolso de unos 20 millones de euros y contarán con un plazo de tres meses para llevarlas a cabo desde el momento en el que se apruebe.
La normativa, aprobada a propuesta de los Ministerios de Justicia, Interior, Industria, Turismo y Comercio y Defensa, ha sido sometida a informe de la Agencia Española de Protección de Datos, del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado.