17/07/2005.- Alrededor de 37.000 teléfonos móviles y 3.500 líneas fijas están controlados por orden judicial en España.
El Gobierno pretende introducir reformas legales para permitir a los expertos policiales el manejo de datos privados en las investigaciones relacionadas con la amenaza terrorista.
En el último Consejo de Ministros europeos, España, al igual que el resto de países, se ha comprometido a exigir por ley a las compañías telefónicas que almacenen durante un mínimo de un año los datos sobre llamadas efectuadas y lugares desde los que se hicieron esas comunicaciones.
El Ejecutivo español estudia también modificaciones para que los 16 millones de usuarios de teléfonos móviles con tarjeta prepago puedan ser identificados.