¿Cuánto pagan los españoles por los móviles y tablets de sus diputados?

¿Es moral que los diputados cuenten con smartphones y tablets de gama alta?
¿Es moral que los diputados cuenten con smartphones y tablets de gama alta?

02/07/2015.- En los últimos años, la crisis económica ha traído consigo muchos cambios en la sociedad española. Uno de los más evidentes es el fin de la tolerancia hacia ciertos escándalos y excesos de parte de la clase política.

Ideologías aparte, la polémica sobre los 99 iPhone 6 de las Cortes Valencianas ha vuelto a abrir el debate sobre si debería haber más control sobre el gasto tecnológico de los diputados nacionales y autonómicos en España.

Nadie niega que, por su cargo, puedan disponer de un smartphone y tablet con unas mínimas garantías de seguridad y calidad, pero hace algunos meses la Asamblea de Madrid acaparó varios titulares al aprobar, por unanimidad, una partida presupuestaria de 363.000 euros destinada a adquirir 160 tablets Microsoft Surface Pro de alta gama por valor de 2.204,95 euros cada uno de ellos. ¿Es realmente necesario que un diputado de la Comunidad de Madrid disponga de un dispositivo de estas características o es, por el contrario, un derroche inapropiado en los tiempos que corren?

Por norma general, todas las comunidades autónomas ofrecen a sus diputados un ‘kit móvil’ más o menos completo. En el caso de Asturias, estos cargos públicos disponen de un smartphone y tablet; en el de Canarias, un iPhone y un iPad; en el de Cataluña, los diputados reciben un portátil y un móvil nuevos cada legislatura; en Galicia, por ejemplo, sus representantes cuentan con conexión ADSL en casa y un móvil y tablet; etc.

En el caso de las Cortes Generales, en 2014 se presupuestaron más de 1,4 millones de euros (se ha producido un recorte significativo, ya que en 2008 era de 3,5 millones de euros) para la renovación de material tecnológico. En esa cantidad se incluyen, entre otros gastos, 650 líneas móviles, siendo 425 de ellas para smartphones de gama alta y 225 para dispositivos de gama inferior. Además, en el último trimestre de 2014 más de 23.500 euros fueron destinados a la compra y reparación de iPads, ya que los dispositivos extraviados o rotos por los diputados son asumidos por el Parlamento.

¿Quién no recuerda la imagen de la vicepresidente del Congreso de los Diputados jugando con su iPad en pleno Debate del Estado de la Nación? Al menos lo hacía a un título desarrollado en España...
¿Quién no recuerda la imagen de la vicepresidente del Congreso de los Diputados jugando con su iPad en pleno Debate del Estado de la Nación? Al menos lo hacía a un título desarrollado en España…

La ‘mala suerte’ de los diputados

A finales de 2012 la tecnología volvió a ser, en cierta forma, la mecha que hizo que un nuevo escándalo estallara en el Congreso de los Diputados.

Al parecer, 50 diputados denunciaron la pérdida de sus iPads, esperando que el Parlamento se los restituyera. Ante la negativa del organismo y la polémica generada en los medios de comunicación, con las horas el número de tablets de Apple perdidos fue reduciéndose, incrementando más, si cabe, la sombra de sospecha de que algo no olía bien en la ‘Casa del pueblo’.

Un hecho especialmente grave si tenemos en cuenta que el iPad, hasta cierto punto, es lo de menos. Lo serio es la información sensible que puede contener dado el puesto de responsabilidad de su dueño, algo que podría llegar a ser delito en caso de pérdida.

Suponiendo que esos iPad se habían perdido realmente…

Concurso público para encontrar la mejor oferta

Dejando de lado el debate sobre si es ético que los representantes del pueblo dispongan de dispositivos de última generación o no asuman los gastos en caso de pérdida del terminal; o que hagan un mal uso de los mismos, es cierto que este tipo de informaciones se suele dar de una manera sesgada.

Como órganos públicos, este tipo de contratos se consiguen mediante concurso público, por lo que el operador que haga una oferta más atractiva es el que consigue proveer de contratos y terminales a las cortes, sean las generales o las autonómicas.

Al ser contratos importantes, las compañías telefónicas suelen asumir buena parte del coste de los smartphones y tablets en cuestión, al igual que pueden llegar a hacerlo con algunas empresas privadas.

Lo que está claro es que cuando se trata de este tipo de gastos, y como bien ha quedado demostrado en el caso de las Cortes Valencianas, no hay color ni signo político que importe. Todos dejan a un lado sus diferencias ideológicas.

Fuente: Movilzona

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