Madrid encabeza la lista de terminales entregados
Los móviles entregados a víctimas de violencia de género durante el último año ascienden a 4.547
El PP dice que son «insuficientes» y recuerda a Jesús Caldera que en el año 2004 anunció que daría 20.000 celulares.
Los móviles entregados a víctimas de violencia de género durante el último año ascienden a 4.547
Madrid, con 874 móviles entregados, aparece a la cabeza de esta lista, seguida de cerca por Andalucía, con 815 y la Comunidad Valenciana, con 784. Por el contrario, las comunidades en las que menos dispositivos se facilitaron fueron las de la Rioja, con tan sólo 1 teléfono móvil la ciudad de Ceuta, con 2 y Navarra, con 3.
Según datos oficiales, en la actualidad, más de 5.499 mujeres utilizan este servicio público que gestiona el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Para acceder al mismo se requiere una orden de protección por parte del juez.
La oposición pide más teléfonos
La secretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, aseguró hoy en declaraciones a Europa Press que el número de teléfonos ofrecidos por el Gobierno son «insuficientes» para atender a todas las víctimas de la violencia de género y recordó que el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, prometió 20.000 móviles en el 2004.
Según la dirigente popular, los datos con los que cuenta su partido se limitan a 6.000 teléfonos puestos a disposición de las víctimas de violencia de género en 2004 que se suman a otros 2.998 más entregados durante el pasado año.
A su juicio, el Ejecutivo «no está haciendo lo suficiente» por la protección de éstas mujeres y consideró que la dotación presupuestaria en los Presupuestos Generales para el próximo año «no es suficiente».
En este sentido, Pastor consideró un «error» el hecho de que el Ejecutivo no haya aceptado ninguna de sus propuestas en cuanto a los recursos para atajar la violencia de género. «Propusimos -recordó- ampliar la dotación para la violencia a 16 millones, siete más para las comunidades, seis para el plan de prevención, uno más para el observatorio de violencia, 1.615 millones para acciones judiciales y 50.000 euros para efectivos policiales».
Para finalizar, Pastor afirmó que «el principal problema» de la Ley Integral es que el Plan de sensibilización y prevención «continúa sin aprobarse». «Llevamos dos años y medio esperando que el Gobierno tome alguna medida para favorecer el cambio cultural y de mentalidad que erradique la violencia y seguimos esperando que se pongan en marcha los planes personalizados de atención a las víctimas y que se apruebe el plan de prevención», denunció.
