Hola movilones,

Estamos muy acostumbrados a que las operadoras de telefonía móvil nos den disgustos bastante a menudo. De hecho estas compañías son el principal foco de quejas y reclamaciones que reciben las distintas asociaciones de consumidores, muy por delante de otros sectores como la vivienda e incluso los bancos y eso que también son como para echarles de comer aparte.

Lo peor de todo no es que se equivoquen al emitir tu factura (que siempre es a su favor, por supuesto) o a que no te activen un servicio que has solicitado, sino que cuando llamas para reclamar tardan demasiado en atenderte, cuando consigues hablar con un agente no te dan una solución y la mayoría de las veces tienes que intentarlo infructuosamente en varias ocasiones.

Reclamar ante la propia compañía suele servir de muy poco y hacerlo ante una organización de consumidores no siempre garantiza la solución y es algo mucho más lento y que en el último caso conlleva un sobreprecio (sólo Ceaccu te ayuda sin coste, en las demás tienes que ser socio, lo que implica pagar una cuota).

¿Cuál es la solución? Irte con tu número a otra compañía (os recomiendo que lo hagáis a alguna que no exija permanencia). No hay nada que les siente peor a las operadoras. Pero, ¿qué ocurre cuando has firmado un compromiso de permanencia? Hay que pensárselo dos veces porque la penalización puede que no nos compense… a menos que tengas un resquicio legal al que acogerte para irte sin que puedan aplicártela.

Eso es lo que ocurre en estos momentos con Vodafone. Esta compañía va a modificar unilateralmente las condiciones generales del contrato, así que puedes ampararte en el Real Decreto 424/2005 para escapar con total impunidad.

¿Qué es lo que cambia exactamente? Vodafone incrementará un 20% (porque ella cree que lo vale) el establecimiento de llamada de las llamadas internacionales.

Será a partir del 15 de octubre. El canon por llamar de España al extranjero ahora sale por 40,6 céntimos (una barbaridad). Como les parece poco, costará 48,72 céntimos. Recordad que este incremento se aplica a todas las llamadas, con independencia de su duración, así que si salta el contestador y cuelgas a los 2 segundos te lo cobrarán igual que si hubieras hablado durante hora y media.

¿Qué dice exactamente esta norma? Tranquilos, que como es más larga (y aburrida) que Yo soy Bea, os pongo las tres líneas que nos interesan:

Artículo 107. Modificaciones contractuales. “Cualquier propuesta de modificación de las condiciones contractuales (…) deberá ser comunicada al abonado con una antelación mínima de un mes, en la que se informará, al mismo tiempo, del derecho del abonado a resolver anticipadamente el contrato sin penalización alguna en caso de no aceptación de las nuevas condiciones”.

Es decir, que si Vodafone cambia las reglas del juego porque le viene bien, tú puedes decidir dejar de jugar con ella sin que tengas que pagar por ello.

Cuando trates de darte de baja o solicites una portabilidad a cualquier otra compañía te amenazarán con cobrarte la dichosa penalización.

No os dejéis engañar. En estos casos no os la deben cobrar. Pero lo más probable es que lo hagan. Para recuperarla lo mejor es que acudáis a una Omic y solicitéis un arbitraje de consumo. El trámite es gratuito y ni siquiera es necesario que estéis presentes el día que se celebre. Os darán la razón si alegáis que os fuistéis de la compañía por la modificación de las tarifas y os devolverán lo que os hayan cobrado indebidamente.

No lo digo por decir. En otra ocasión peleé contra movistar y lo gané y si queréis descargaros el laudo en PDF que me dio la razón, podéis encontrarlo en este post.

¡Mucha suerte!

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En lenguaje coloquial así podrían resumirse las alegaciones que han preparado los gigantes de las telecomunicaciones móviles españolas.

Casi año y medio después (curiosamente el periodo que suelen exigir a sus clientes en sus compromisos de permanencia) la Comisión Nacional de la Competencia ha emitido un informe en el que menciona que existen indicios de que movistar, Vodafone y Orange pactaron sus tarifas para subirlas en marzo de 2007.

En su momento las organizaciones de consumidores y los propios usuarios ya nos sublevamos, aunque sirvió de poco. El 1 de marzo comenzaron a aplicar sus nuevas tarifas y hasta hoy en día cada uno de nosotros hemos pagado una media de 26 euros más por línea (no quiero calcular cuánto de más he abonado yo que tengo varias) según ha calculado Facua.

Como era de esperar, las ‘tres Marías’ han vuelto a entonar la misma canción de siempre: “No pactamos, somos buenas, dejadnos en paz, que lo único que hacemos es mirar por el bien [de nuestras cuentas de resultados]”.

Y digo yo, ¿qué es lo que entenderá exactamente el organismo que garantiza que haya competencia por pactar? Porque como tenga que demostrar que los señores con traje de cada una de estas multinacionales se reunieron en un sitio secreto para hablar de este asunto y llegar a un acuerdo, mal lo llevamos.

Ahora bien, si lo que pretenden es demostrar (y sancionar por ello) que las compañías que en ese momento controlaban nada menos que el 99% del mercado subieron desorbitadamente (un 25%) el precio del establecimiento de llamada (más los correspondientes ajustes al alza de las tarifas de voz) y exactamente el mismo día (1 de marzo de 2007), me parece de lo más justo.

Es algo obvio y que salta a la vista. Parece absurdo que hayamos tenido que esperar año y medio para que se den cuenta, pero como dice la sabiduría popular: “Más vale tarde que nunca”.

¿Y a qué se exponen las acusadas si la CNC les aplica la máxima sanción? En el peor de los casos (para ellas) tendrían que pagar hasta el 10% de sus ingresos, lo que traduciría en una multa de unos 2.000 millones de euros (la cifra es tan grande que no sé ni traducirla a pesetas). Claro que eso sería lo máximo a lo que tendrían que hacer frente, pero todo este asunto se puede quedar en nada o en un mínimo de 10 millones de euros a pagar entre las tres. Pecata minuta que dirían algunos.

Y en cualquier caso, ¿de qué nos sirve a los consumidores todo esto? De nada. No nos devolverán lo que nos han cobrado de más. ¿No sería más razonable que además de multarlas, les obligaran a bajar el establecimiento de llamada no ya a los 13,92 céntimos de antes, sino a una cifra justa y razonable?

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